Los estados se enfrentan a la incertidumbre mientras la administración Trump intenta revertir los pagos de alimentos del SNAP.
Los estados que administran un programa federal de ayuda alimentaria que beneficia a unos 42 millones de estadounidenses se enfrentaron el lunes a la incertidumbre sobre si pueden —y deben— proporcionar los beneficios mensuales completos durante una batalla legal en curso relacionada con el cierre del gobierno estadounidense.
El gobierno del presidente Donald Trump exigió el fin de semana que los estados “deshicieran” los beneficios completos que se pagaron bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria durante el período de un día entre el momento en que un juez federal ordenó la financiación completa y el momento en que un juez de la Corte Suprema puso una pausa temporal en esa orden.
Un tribunal federal de apelaciones está considerando si debe extender la suspensión de los beneficios completos. El Congreso también está evaluando si financiar el programa SNAP como parte de una propuesta para poner fin al cierre del gobierno.
Algunos estados advierten de “interrupciones operativas catastróficas” si el gobierno de Trump no les reembolsa los beneficios del SNAP que ya autorizaron. Mientras tanto, otros estados están proporcionando beneficios mensuales parciales del SNAP con fondos federales o utilizando sus propios recursos para cargar tarjetas electrónicas de beneficios para los beneficiarios del programa.
Millones reciben ayuda mientras otros esperan
Inicialmente, la administración Trump declaró que los beneficios del SNAP no estarían disponibles en noviembre debido al cierre del gobierno. Tras las demandas interpuestas por algunos estados y organizaciones sin fines de lucro, dos jueces dictaminaron que la administración no podía suspender por completo los beneficios de noviembre.
La administración anunció entonces que utilizaría un fondo de reserva de emergencia para proporcionar el 65% del beneficio mensual máximo. El jueves, el juez federal de distrito John J. McConnell dictaminó que esto no era suficiente y ordenó la financiación completa de los beneficios del SNAP para el viernes.
Algunos estados actuaron con rapidez para ordenar a sus proveedores de EBT que desembolsaran la totalidad de los beneficios mensuales a los beneficiarios de SNAP. Millones de personas en esos estados recibieron fondos para comprar alimentos antes de que la jueza Ketanji Brown Jackson suspendiera la orden de McConnell el viernes por la noche, a la espera de una nueva deliberación por parte de un tribunal de apelaciones.
Millones de personas más aún no han recibido los pagos del SNAP correspondientes a noviembre, porque sus estados estaban esperando nuevas directrices del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que administra el SNAP.
La administración Trump ha argumentado que la orden judicial de proporcionar beneficios completos viola la Constitución al infringir el poder de gasto de las ramas legislativa y ejecutiva.
Los estados luchan contra el intento de congelar los beneficios del SNAP.
El domingo, la administración Trump dijo que los estados se habían precipitado y habían liberado erróneamente la totalidad de los beneficios del SNAP tras las resoluciones de la semana pasada.
“Los estados deben deshacer de inmediato cualquier medida adoptada para emitir los beneficios completos del SNAP para noviembre de 2025”, escribió Patrick Penn, subsecretario adjunto de Agricultura, a los directores estatales del SNAP. Advirtió que los estados podrían enfrentar sanciones si no cumplen.
Wisconsin, uno de los primeros estados en activar los beneficios completos tras la orden de McConnell, vio congelado su reembolso federal. Como consecuencia, la cuenta estatal del programa SNAP podría agotarse el lunes, dejando sin fondos los comercios que venden alimentos a los beneficiarios, según una demanda presentada por los demandantes.
Algunos gobernadores demócratas prometieron impugnar cualquier intento federal de recuperar el dinero.
En Connecticut, el gobernador demócrata Ned Lamont dijo que “quienes recibieron sus beneficios no deben preocuparse por perderlos”.
“No, Connecticut no necesita revocar los beneficios del SNAP ya enviados a las 360.000 personas que dependen de ellos para alimentarse y que nunca debieron verse involucradas en esta lucha política”, dijo Lamont. “Los apoyamos”.
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Los periodistas de Associated Press Scott Bauer en Madison, Wisconsin; John Hanna en Topeka, Kansas; y Nicholas Riccardi en Denver contribuyeron a este informe.
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