Por qué España quiere que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas de la UE

España ha reanudado los esfuerzos para que el euskera, el catalán y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la UE, a pesar de la respuesta poco entusiasta de otros países europeos que temen un efecto dominó.
Tras un intento fallido en 2023, Madrid llevó su campaña de lenguas regionales de nuevo a Bruselas esta semana, logrando incluirla en la agenda de una reunión de ministros europeos el martes.
No se tomó ninguna decisión -y el tema se pospuso para una fecha posterior por falta de consenso, según un diplomático de la UE-, pero la incomodidad era palpable mientras los ministros andaban de puntillas sobre el tema en sus comentarios a los periodistas.
Para ponerlo en contexto, el gobierno socialista del primer ministro Pedro Sánchez depende del apoyo de los legisladores catalanes para conseguir que la mayor parte de su legislación sea aprobada en el parlamento español.
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España ha generado "una gran presión" en torno al tema, dijo un segundo diplomático, bajo condición de anonimato.
Pero la preocupación aumenta en los otros 26 países de la UE, donde existe el temor de que un cambio a favor de España pueda abrir la puerta a solicitudes para cualquier número de lenguas minoritarias en todo el bloque.
"Entendemos la importancia que tiene este asunto para España", subrayó Marilena Raouna, viceministra de Asuntos Europeos de Chipre.
"Lo importante es que se haga de una manera que sea jurídicamente sólida y que no siente un precedente", añadió.
La Unión Europea tiene actualmente 24 idiomas oficiales, pero hay alrededor de 60 lenguas minoritarias y regionales en el bloque de 27 naciones.
Todos los documentos legales de la UE (tratados, leyes y acuerdos internacionales) deben traducirse a los 24 idiomas, con servicios de interpretación disponibles en las cumbres de líderes y las reuniones ministeriales.
La cuestión rusa
Añadir un nuevo idioma requiere el apoyo unánime de los estados miembros, algo que está lejos de conseguirse en el caso de la petición española, aunque varios países mostraron su simpatía hacia Madrid.
"Creo que la diversidad lingüística es importante y siempre somos constructivos", dijo el ministro finlandés, Joakim Strand, antes de abogar por un aplazamiento argumentando que el tema aún no estaba "maduro" para una votación.
Algunos advierten contra "convertir un asunto nacional en una cuestión europea", en palabras de un diplomático.
Y varios países temen verse obligados, como consecuencia, a conceder estatus oficial a las lenguas regionales utilizadas en su territorio.
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En los países bálticos, por ejemplo, existe el temor de que el ruso, hablado por una gran parte de la población, pueda convertirse en lengua oficial del bloque, dijo Marko Stucin, secretario de Estado de Asuntos Europeos de Eslovenia.
Según un diplomático, los servicios jurídicos del Consejo Europeo, que reúne a los estados miembros, advierten que responder a la petición de España requeriría cambiar los tratados fundacionales del bloque.
«Tenemos que actuar conforme a los tratados europeos», declaró el ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad. «Trabajemos junto con España para encontrar una solución».
Pero otros países han insinuado un posible compromiso en el futuro: limitar cualquier cambio a las lenguas regionales establecidas desde hace tiempo que ya tienen estatus oficial a nivel nacional.
En ese escenario, argumenta el esloveno Stucin, solo tres idiomas serían elegibles: euskera, catalán y gallego.
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Madrid sostiene, de hecho, que las tres lenguas (de las que el catalán es la más utilizada, con más de nueve millones de hablantes) deberían considerarse en una categoría diferente a la de otras lenguas minoritarias.
Otro tema delicado es el costo, ya que el bloque busca invertir miles de millones de dólares en fortalecer sus defensas y se prepara para una inminente guerra comercial con Washington.
España, según Stucin, siempre ha insistido en que pagaría el coste adicional de la traducción.
Eso está por ver, advierte otro diplomático de la UE.
"Realmente vemos y valoramos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno español en este tema", resumió la ministra croata, Andreja Metelko-Zgombic.
"También tiene algunas implicaciones legales y creo que sería mejor que lo analizáramos muy, muy de cerca", añadió.
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