Los requisitos laborales podrían transformar Medicaid y la ayuda alimentaria según el proyecto de ley de presupuesto de EE. UU.

La red de seguridad social de Estados Unidos se vería sacudida si el proyecto de ley de presupuesto respaldado por el presidente Donald Trump y aprobado el jueves por la Cámara de Representantes se convierte en ley.

Requeriría que muchos adultos de bajos ingresos trabajaran para recibir cobertura de seguro de salud de Medicaid y más para obtener asistencia alimentaria, requeriría que los hospitales verifiquen el estatus de ciudadanía de los pacientes y recortaría la financiación de servicios como el control de la natalidad al mayor proveedor de abortos del país.

Los partidarios del proyecto de ley dicen que las medidas ahorrarán dinero, eliminarán el desperdicio y fomentarán la responsabilidad personal.

Una estimación preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, dijo que las propuestas reducirían el número de personas con atención médica en 8,6 millones a lo largo de la década.

La medida, que también incluye recortes de impuestos, fue aprobada en la Cámara por un voto y podría tener disposiciones reelaboradas nuevamente antes de dirigirse al Senado.

He aquí un vistazo al impacto potencial.

A partir del año próximo, a muchos beneficiarios de Medicaid sanos y físicamente aptos se les exigirá que demuestren que trabajan a cambio de la cobertura del seguro de salud.

Si bien alrededor del 92% de las personas inscritas actualmente cumplen con el requisito, aproximadamente 5 millones probablemente perderían su cobertura, según estimaciones previas de una versión anterior del proyecto de ley proporcionada por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El aumento de los controles de elegibilidad y la burocracia relacionada con los requisitos laborales puede dar lugar a que algunas personas sean expulsadas injustamente, dijo Eduardo Conrado, presidente de Ascension, un sistema de atención médica que opera hospitales en 10 estados.

Esto podría representar un problema para los hospitales rurales, en particular, que verán a su pequeño grupo de pacientes pasar de pagar su atención de emergencia con la cobertura de Medicaid a no pagar nada en absoluto. Los hospitales podrían tener que asumir sus costos.

“Agregar requisitos laborales no es sólo un cambio de política, es un alejamiento del propósito del programa”, dijo Conrado sobre la norma.

Solo Arkansas ha implementado un requisito de trabajo que expulsa a las personas por incumplimiento. Más de 18,000 personas perdieron su cobertura tras su entrada en vigor en 2018, y el programa fue posteriormente bloqueado por tribunales federales.

Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, dijo que los requisitos laborales no resultan en que más personas tengan empleo, sino en que menos personas tengan seguro de salud.

"Si pierdes tu trabajo en el futuro, mucha suerte", dijo. "Es muy probable que te quedes sin seguro por culpa de esta ley".

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), antes conocido como cupones de alimentos, ya exige trabajo a algunos de sus aproximadamente 42 millones de beneficiarios. Los adultos de entre 18 y 54 años, física y mentalmente aptos y sin dependientes, deben trabajar, ser voluntarios o participar en programas de capacitación durante al menos 80 horas al mes; de lo contrario, se les limitará la prestación a solo tres meses en un período de tres años.

La legislación aprobada por la Cámara aumentaría el requisito de trabajo a los 65 años y también lo extendería a los padres sin hijos menores de 7 años. El proyecto de ley también limitaría la capacidad de eximir los requisitos de trabajo en áreas con tasas de desempleo significativamente superiores al promedio nacional.

La combinación de esos cambios podría poner a 6 millones de adultos en riesgo de perder los beneficios del SNAP, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, de tendencia liberal.

Al igual que los requisitos laborales para Medicaid, los de SNAP tienden a causar una disminución en la participación sin aumentar el empleo, según un informe de abril del Proyecto Hamilton de la Brookings Institution.

Según el proyecto de ley, el gobierno federal castigaría a los estados que utilicen sus propios dólares estatales para brindar servicios cubiertos por Medicaid a inmigrantes que carecen de estatus legal o para proporcionar subsidios para ayudarlos a comprar seguro de salud.

Algunos estados que ofrecen ese tipo de cobertura la extienden sólo a los niños.

Esos estados verían cómo la financiación federal para la población que expandiría Medicaid —normalmente adultos de bajos ingresos— se reduciría del 90% al 80%.

Eso podría significar que los estados retiren esa cobertura de Medicaid para evitar la multa federal.

"Si se impone esa multa del 10%, esperaríamos que los estados tuvieran que abandonar esa cobertura", dijo Alker de Georgetown.

KFF dijo que la disposición podría afectar a 14 estados y Washington, DC, que cubren a los niños independientemente de su estatus migratorio.

Este mes, el gobernador demócrata de uno de ellos —Gavin Newsom de California— anunció un plan para congelar nuevas inscripciones en la atención sanitaria financiada por el estado para inmigrantes que no tienen estatus legal, como medida para equilibrar el presupuesto.

Planned Parenthood dice que una disposición que le prohíbe recibir fondos de Medicaid podría llevar al cierre de aproximadamente un tercio de sus centros de salud.

El grupo indicó que unos 200 centros están en riesgo, la mayoría en estados donde el aborto es legal. En esos estados, el número de centros de Planned Parenthood podría reducirse a la mitad.

Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos del país, también ofrece otros servicios de salud, incluidos control de natalidad y detección de cáncer.

Ya antes se había prohibido que el dinero federal pagara abortos, pero los fondos estatales de Medicaid en algunos estados ahora los cubren.

“Estamos en una lucha por la supervivencia, no solo por Planned Parenthood, sino por la capacidad de todos de obtener atención médica de alta calidad y sin prejuicios”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, en un comunicado.

Susan B. Anthony, de Pro-Life America, celebró la disposición y afirmó: “El Congreso dio un gran paso para detener la financiación de los contribuyentes a la gran industria del aborto”.

Medicaid dejaría de cubrir la atención de afirmación de género para personas de todas las edades en 2027 según una disposición agregada en las horas previas a la aprobación del proyecto de ley.

Además, no se podría exigir la cobertura de los tratamientos en los planes de seguro vendidos a través de las bolsas bajo la Ley de Atención Médica Asequible.

Desde que regresó al cargo, Trump ha atacado a las personas transgénero , que representan alrededor del 1% de la población estadounidense, e incluso ha declarado que Estados Unidos no gastará dinero de los contribuyentes en atención médica de afirmación de género para personas transgénero menores de 19 años. Esta atención incluye bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y cirugías.

El proyecto de ley ampliaría esto a todas las edades, al menos en lo que respecta a Medicaid.

Actualmente los estados tienen una combinación de políticas sobre el tema: algunos bloquean la cobertura y otros la exigen.

Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC realizada este mes encontró que aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos se oponen a la financiación gubernamental de la atención médica para aquellos de 19 años o más.

Olivia Hunt, directora de políticas federales de Advocates for Trans Equality, calificó la atención de afirmación de género como "una de las estrategias de salud pública más rentables que hemos encontrado".

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Los periodistas de Associated Press Devna Bose en Jackson, Mississippi; Marc Levy en Harrisburg, Pensilvania; y Amanda Seitz en Washington contribuyeron a este artículo.