Innecesarias y sin justificación jurídica: así califican expertos preguntas de la consulta relacionadas a la salud

La propuesta de consulta popular que radicó el Gobierno ante el Congreso incluye cuatro nuevas preguntas. Su objetivo es impulsar el debate sobre los cambios que el Ministerio de Salud busca introducir en el sistema a través de su proyecto de reforma. Sin embargo, algunos expertos consideran que estos planteamientos son innecesarios e injustificados, ya que, desde el punto de vista jurídico y conforme a la normativa vigente, el Gobierno cuenta con las herramientas para realizar dichas modificaciones. De hecho, en algunos casos, esos cambios ya se están implementando.

Entre las preguntas planteadas por el Gobierno se encuentran las siguientes: ¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar su entrega completa y oportuna a los pacientes? ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y que la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?

Asimismo, el Gobierno propone dos interrogantes adicionales: ¿Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, con enfoque preventivo y resolutivo, que incluya la ampliación de los servicios especializados necesarios, tanto públicos como privados o mixtos? ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que asegure a los empleados y trabajadores de la salud una vinculación formal, derechos laborales y salarios justos?

“La iniciativa de involucrar al sector salud en una consulta popular se percibe como un intento de instrumentalizarlo con fines electorales. Las preguntas incluidas resultan polarizantes, porque apelan a decisiones emocionales en lugar de informadas; engañosas, al presentar soluciones aparentes como si fueran viables y de aplicación inmediata; e incompletas, ya que no exponen modelos funcionales ni sostenibles. Con esta consulta popular, el Gobierno Nacional no propone una solución a la crisis financiera del sistema de salud; y lo que es peor, agrava la situación al distraer y confundir a la población sobre sus verdaderas causas y posibles salidas”, señala una carta publicada esta semana y firmada por un grupo interdisciplinario de exministros, exviceministros, expertos y defensores del derecho a la salud.

Entre los firmantes del documento se encuentran exfuncionarios como Augusto Galán Sarmiento, Alejandro Gaviria, Jaime Arias, Gabriel Riveros, Beatriz Londoño, Eduardo Alvarado, Fernando Ruiz, Blanca Cajigas, Diana Cárdenas, Mauricio Santamaría y María Andrea Godoy, entre otros.

A su juicio, el sistema de salud enfrenta una crisis de gobernabilidad, financiamiento y legitimidad, sin que el Gobierno haya presentado propuestas claras de solución. Adicionalmente, advierten que se están desmontando estructuras funcionales sin construir capacidades reales para reemplazarlas, lo que está deteriorando la capacidad técnica de las instituciones.

La directora ejecutiva del Grupo de Participación Ciudadana Plural, Cristina Isaza, comparte una posición similar. En entrevista con EL TIEMPO, señaló que todas estas propuestas ya están contempladas en la normativa vigente o pueden desarrollarse mediante regulación ordinaria. Por ejemplo —explica— el Estado puede hacer que la Adres pague directamente, algo que de hecho ya ocurre en las EPS intervenidas. También puede fortalecer la atención primaria, como en teoría se está haciendo a través de los Equipos Básicos de Salud, que recorren algunas regiones del país.

"El Gobierno no necesita una consulta popular para resolver problemas que, en su mayoría, son de gestión, ejecución presupuestal y liderazgo técnico. La crisis del sistema no radica en la ausencia de normas, sino en el uso ideológico que se ha hecho de este, la asfixia financiera deliberada a actores clave y la falta de articulación institucional. El Gobierno tiene todas las herramientas para actuar, pero no lo ha hecho. La crisis no se soluciona preguntándole a la gente si quiere que mejore la salud; ¡eso es una obviedad! Esta consulta no busca resolver problemas, sino ganar puntos políticos, manipular a la opinión pública y desviar la atención de los errores cometidos. Quieren hacer campaña sobre las cenizas del sistema que ellos mismos han destruido, manipulando a la opinión", puntualizó Isaza.

Por su parte, el médico y Ph.D. en Políticas y Salud Pública, Ramón Abel Castaño, fue enfático al señalar que muchos de estos temas son altamente técnicos, lo que impide que la población general pueda tener una discusión profunda sobre lo que realmente se estaría votando. “Lo único que está haciendo el Gobierno es formular preguntas en un lenguaje atractivo para el público general, para luego salir a decir que están salvando al pueblo. Es una intención puramente populista. No me cabe la menor duda, porque todos esos cambios se pueden hacer dentro del marco legal del sistema”, destacó Castaño.

Finalmente, el vocero de la organización Pacientes Colombia, Denis Silva, calificó la propuesta como una “burla” frente a la crisis del sistema de salud. “El Gobierno está incluyendo a la salud en la consulta popular como un acto politiquero y partidista, no para resolver la crisis. No quiere que los colombianos superen la crisis que él mismo creó por una sencilla razón: eso genera ruido y presión para que les aprueben su reforma. En pocas palabras, el Gobierno no tiene voluntad para resolver este problema que generó”, señaló Silva.

Periodista de Medioambiente y Salud