España se compromete a convertir 50.000 viviendas turísticas en alquileres de larga duración

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha informado a las plataformas de alquiler vacacional de que hay otros 50.876 alquileres ilegales en sus portales y ha solicitado su eliminación de los anuncios online.

Desde el 1 de julio de 2025, todos los propietarios en España que quieran alquilar sus viviendas como alquiler turístico o de temporada deberán estar inscritos en el Registro Único de Arrendamientos del gobierno español.

Quienes no lo hagan no tendrán un número de registro obligatorio y por lo tanto tendrán prohibido anunciar sus propiedades en plataformas en línea.

Se ha pedido a empresas como Airbnb que eliminen cualquier anuncio que no tenga este número.

En un acto del PSOE en Málaga el domingo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que estos pisos ilegales ahora serán alquilados "de forma permanente, por jóvenes y familias de nuestro país".

En esencia, el objetivo del Gobierno socialista es que estas viviendas se incorporen al mercado de alquiler residencial de larga duración, aunque Sánchez no explicó cómo se conseguirá.

En el pasado, el aumento de la regulación ha resultado contraproducente: muchos propietarios prefieren dejar sus propiedades vacías en lugar de ponerlas en el mercado a largo plazo.

Desde que se puso en marcha el Registro Único de Alojamientos Temporales de España a principios de 2025, se han registrado 336.497 solicitudes, de las que 264.998 (el 78,75 por ciento) son de alquileres turísticos.

De ellos, 53.786 alojamientos vacacionales (20,3 por ciento) han sido rechazados, lo que significa que ya no pueden funcionar como alojamientos turísticos.

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El motivo por el que no se registran o por el que rechazan sus solicitudes suele ser que operan ilegalmente. En palabras de Sánchez, se están cometiendo "miles de irregularidades".

Muchas solicitudes rechazadas no cumplen los requisitos para el alquiler turístico en su ciudad o región y no han obtenido una licencia turística para operar.

Esto podría indicar que las propiedades no tienen entradas independientes, que los vecinos locales han votado en contra o que están ubicadas en zonas céntricas históricas de ciudades donde ya no se emiten licencias.

El alojamiento en la capital española, Madrid, se verá especialmente afectado, ya que las autoridades han identificado una "anomalía importante" en el proceso de registro, con un 83 por ciento de solicitudes de registro temporal y solo un 17 por ciento para alquileres turísticos.

Un tercio de las 3.513 solicitudes de registro de alquileres turísticos en Madrid han sido revocadas por incumplimiento de la ley.

Sevilla encabeza la lista con 2.289 solicitudes revocadas. Le siguen Marbella con 1.802 y Barcelona con 1.564.

Las comunidades autónomas con más alquileres ilegales y por tanto solicitudes revocadas son Andalucía con 16.740, Canarias con 8.698 y Cataluña con 7.729.

En mayo de este año, el Ministerio de Consumo de España ordenó a Airbnb que retirara 66.000 anuncios de alquiler vacacional de propiedades que no incluían su licencia turística en el anuncio.

En julio, fecha límite para registrar propiedades en el nuevo sistema, los datos del Ministerio de Vivienda español mostraban que solo el 25,6 % del mercado total de alojamiento turístico y temporal en España contaba con autorización para operar. Esto significa que un impresionante 74,4 % se consideraba ilegal.

Parece que muchas de estas propiedades que no se habían registrado, de hecho, no las eliminaron de las plataformas publicitarias, por lo que ahora se ven obligadas a hacerlo.

España se encuentra en medio de una grave crisis de vivienda, donde muchas personas no pueden acceder a alojamiento asequible. Muchos residentes locales culpan a los alojamientos turísticos del aumento desmesurado de precios y la falta de disponibilidad. Para intentar solucionar la situación, el gobierno español, junto con las autoridades regionales, ha estado implementando medidas para reducir su número en los últimos años.

La normativa europea exige ahora también que todos los alojamientos que no sean de larga estancia tengan un número de identificación.