Los consumidores de la UE se unen a España para criticar a las aerolíneas de bajo coste por las tarifas del equipaje de mano

Un grupo de 15 organizaciones de derechos de los consumidores de toda Europa, incluida España, han pedido a la Comisión Europea que inicie una investigación sobre lo que consideran cargos abusivos e ilegales por equipaje cobrados por las aerolíneas de bajo coste.

Siete aerolíneas de bajo coste son objeto de la denuncia -easyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizz Air- a las que se acusa de cobrar tasas ocultas a los viajeros a través de los cargos por equipaje.

Lo que está en juego son los cargos adicionales que las compañías aéreas de bajo coste imponen al equipaje de mano que no se ajusta a sus requisitos muy específicos.

Esto se produce varios meses después de que el gobierno español multara a las mismas aerolíneas de bajo coste (excepto Wizz Air y Transavia) con 179 millones de euros por "prácticas abusivas" como cobrar a los pasajeros por el equipaje de mano.

Las asociaciones de consumidores señalan que: «En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el transporte de equipaje de mano no puede estar sujeto a un recargo, siempre que cumpla requisitos razonables de peso y dimensiones y cumpla los requisitos de seguridad aplicables».

Dicen que las compañías aéreas mencionadas imponen regularmente cargos extra sobre el equipaje que ellas consideran "de gran tamaño" pero que los grupos de consumidores dicen que debería clasificarse como "razonable" en términos de peso y dimensiones.

Añaden que las dimensiones permitidas varían mucho entre compañías aéreas, por lo que no existe una definición consensuada de lo que es una pieza de equipaje de mano de "tamaño razonable".

Los análisis de los grupos de consumidores indican que las aerolíneas imponen tasas extra por el equipaje que no cumple con las dimensiones definidas por la compañía: 36 euros para Ryanair, 43 euros para easyJet y hasta 280 euros para Vueling.

Han presentado una denuncia formal ante los organismos de protección al consumidor de sus países y ante la Comisión Europea "para que se abra una investigación a nivel de la UE y se sancionen las prácticas comerciales ilegales de las aerolíneas".

Todavía no está claro si la Comisión decidirá iniciar una investigación.