‘Este decreto tiene vicios de legalidad’: presidenta de Acemi anuncia demanda contra el nuevo modelo de salud establecido por Minsalud vía decreto

El Gobierno Nacional expidió el 30 de julio el Decreto 0858 de 2025, con el que da vía libre al modelo preventivo y predictivo de salud que había sido incluido en la fallida reforma que permanece por ahora estancada en la Comisión Séptima del Senado. La norma establece cambios importantes en la forma en que los ciudadanos acceden al sistema, prioriza la atención primaria desde los territorios y redefine las funciones de actores clave como las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que ahora deben articularse con centros de atención territorial y redes integradas de servicios definidos por las secretarías de salud.

En entrevista con EL TIEMPO, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi —gremio que agrupa a las EPS—, fue enfática en afirmar que el decreto es ilegal y que el gremio se prepara para demandarlo ante la justicia. Según Vesga, el Ministerio de Salud está usurpando funciones del Congreso al intentar modificar por vía reglamentaria lo que tiene rango legal, como el rol de las EPS como agentes de aseguramiento.

“Lo que hace el Gobierno es pasar por encima del Congreso e instaurar por decreto un modelo que cambia de facto el sistema de salud”, advirtió. La directiva también criticó que las observaciones presentadas durante la consulta pública no fueron tenidas en cuenta y alertó sobre los riesgos financieros que implicaría poner en marcha esta nueva estructura territorial sin garantizar recursos adicionales.

Básicamente, esto es un modelo de atención en salud que cambia la forma en que los ciudadanos acceden a la atención. En el sistema de aseguramiento, como lo conocemos hoy, que nace con la Ley 100, las EPS son las responsables de agenciar a los pacientes. Es decir, representarlos a través de una red que las EPS contratan y pagan para asegurar que la población pase del nivel primario a la mediana y a la alta complejidad, orientando y haciendo seguimiento a toda la ruta de atención integral.

Lo que plantea el decreto es una ruptura a ese modelo legal, asignando parte de esas funciones a las entidades territoriales y a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Con esto, los colombianos que hoy seguimos afiliados a una EPS tendremos que acceder al sistema a través de un Centro de Atención Primaria por adscripción, con una lógica territorial según la ubicación de la población. Desde ahí se mueve la atención en una red que establece la Secretaría de Salud. Se pierde el rol de agencia de las EPS. Ese es el corazón de la reforma y también el corazón de este decreto, con el cual el Gobierno busca implementar un cambio por una vía ilegal: transformar por decreto lo que tiene rango de ley.

Sí, las EPS que tienen hoy ese rol de agencia, de conformación y contratación de la red, de referir y contrarreferir, de administrar la UPC y pagar a los prestadores, quedan atomizadas entre varios agentes. Todas esas funciones tienen rango de ley, es decir, solo pueden ser modificadas por ley. Por eso el Gobierno inició con una reforma en el Congreso, reforma que no ha tenido el resultado esperado porque no ha convencido ni a pacientes, ni a médicos, ni a prestadores, ni a aseguradores. Lo que hace ahora el Gobierno con este decreto es pasar por encima de la facultad del Congreso y modificar de facto el sistema de salud.

El decreto tiene un periodo de transición e implementación de un año. Fue publicado para consulta pública hace unos dos meses. Hicimos muchos comentarios desde el gremio y desde otros actores, pero esas observaciones no fueron tenidas en cuenta. El decreto fue expedido casi igual a como estaba en la consulta.

Muchas cosas que ha dicho el Gobierno ya existen en el modelo actual y requieren reglamentación, desarrollo, fortalecimiento. Desde el inicio, muchos actores dijimos que más que una reforma, lo que se necesita es una evolución en la reglamentación. Pero como ha sido una conversación política más que técnica, se quiso tramitar como una ley. Ante la imposibilidad de lograr la aprobación de esa reforma, el Gobierno acude al decreto para instaurar un modelo en contravía de normas que tienen rango de ley. En eso se equivocan, porque se exponen a una demanda de nulidad por evidente violación al ordenamiento jurídico.

No lo reemplaza porque hay otros aspectos que siguen en la reforma, como el cambio de nombre de las EPS a Gestoras de Salud y Vida, entre otros. Pero buena parte de lo que está en la reforma ya quedó contenido en este decreto.

Hoy el modelo de aseguramiento distribuye la UPC para atención, que es administrada por las EPS. Ese recurso es insuficiente. La Corte Constitucional y la Contraloría han dicho que el sistema tiene una siniestralidad superior al 100 %. Se están gastando 110 pesos por cada 100 que se entregan. El decreto plantea que con los mismos recursos del aseguramiento se financie el modelo, incluyendo la infraestructura en zonas donde hoy no hay oferta. Es hacer más con la misma plata, en un sistema ya desfinanciado.

Sí. El concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda dice que esta transformación está supeditada a la disponibilidad presupuestal y a que el sistema esté saneado. Hoy no hay recursos para ese saneamiento. El déficit acumulado es de cerca de 30 billones de pesos. Hay deudas con prestadores y proveedores. Se están haciendo cambios sobre recursos que no están garantizados.

Advertimos en la consulta pública que este era un decreto con vicios de legalidad. Modifica artículos de la Ley 100 y la Ley 1438, lo que no puede hacerse por decreto. Por eso vamos a acudir a instancias judiciales. Estamos evaluando cuáles serán las primeras medidas.

No. Estamos revisando con detalle el decreto.

Yo, como usuaria de una EPS, hoy me atiendo en su centro de atención, hago autorizaciones con ella y me refiere según el nivel de complejidad. Cuando este decreto entre en vigor, ya no voy a mi EPS, sino a un CAP. Allí se gestiona mi atención primaria y ese CAP, junto con la EPS y la red definida por la Secretaría de Salud, decide dónde me atienden. La interacción, que hoy es con un solo agente, se fragmenta entre varios actores. Eso dificulta y fragmenta la forma en que el ciudadano accede al sistema de salud.

Periodista de Medioambiente y Salud